La exigencia de justicia se ha convertido en el centro del reclamo de decenas de familias que aseguran que sus seres queridos permanecen en prisión sin una acusación que justifique mantenerlos privados de libertad.
Entre ellos hay adultos mayores, padres de familia y personas que, según sus familiares, ya no deberían continuar detenidas porque el proceso judicial no ha demostrado de manera suficiente las razones para prolongar su encarcelamiento.
Los familiares aseguran que no buscan privilegios, sino la aplicación imparcial de la ley y el respeto al debido proceso. Su pregunta es sencilla, pero profundamente inquietante: ¿qué haría cualquier ciudadano si quien estuviera tras las rejas fuera su padre, su hermano o un hijo? Para ellos, el silencio institucional y la falta de respuestas alimentan la sensación de que la justicia no se aplica de la misma forma para todos.
El caso también reabre un debate más amplio sobre la independencia del sistema judicial y la posibilidad de que exista una aplicación selectiva de la justicia. Los manifestantes sostienen que, cuando el poder se concentra sin controles efectivos, aumenta el riesgo de que las instituciones dejen de proteger derechos y comiencen a responder a intereses políticos. En ese contexto, la demanda de estas familias trasciende un caso particular y plantea una interrogante que divide al país: ¿la justicia sigue siendo un derecho para todos o se ha convertido en un privilegio para unos pocos?