Mientras el gobierno sostiene un discurso de estabilidad económica, la deuda pública continúa creciendo a un ritmo acelerado y ya se acerca a una cifra histórica que plantea nuevas preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
La deuda pública de El Salvador volvió a aumentar y ya se encuentra a las puertas de una cifra histórica. Según datos divulgados por el economista César Villalona, al cierre de junio de 2026 el saldo alcanzó los $34,865 millones, tras incrementarse $234 millones en un solo mes, consolidando una tendencia de crecimiento que no se ha detenido.
El dato que más preocupa es que, de mantenerse el comportamiento observado desde 2019, la deuda podría cerrar julio rondando los $35,000 millones, un nivel sin precedentes para las finanzas públicas salvadoreñas.
Desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en diciembre de 2024, la deuda aumentó $2,729 millones, pasando de $32,136 millones a $34,865 millones. Además, su peso sobre la economía también se incrementó: de representar el 92 % del Producto Interno Bruto (PIB) pasó al 93 %, reflejando que el endeudamiento continúa creciendo más rápido que la capacidad económica del país.
Otro aspecto que llama la atención es el comportamiento de la deuda con el fondo de pensiones. Solo en junio aumentó $102.5 millones, alcanzando un saldo de $11,670 millones, un incremento superior al ritmo habitual registrado en meses anteriores.
Villalona sostiene que, aunque el país ha continuado honrando el pago de sus obligaciones financieras, el objetivo de fortalecer la posición fiscal, planteado en el acuerdo con el FMI, no se habría materializado, ya que el endeudamiento sigue aumentando.
De confirmarse una deuda cercana a los $35,000 millones, el incremento acumulado durante los gobiernos de Nayib Bukele sería de aproximadamente $15,200 millones, equivalente a un crecimiento cercano al 77 % respecto al nivel registrado en 2019.
El comportamiento de estos indicadores mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el margen de maniobra del Estado para responder a futuras presiones económicas.