
Más de dos meses después de practicarse una biopsia, la familia de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López asegura que sigue sin conocer los resultados del examen médico. La denuncia apunta a un supuesto incumplimiento del Estado por no brindar información sobre su condición de salud ni permitir el acceso oportuno a su expediente clínico. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la falta de respuestas aumenta la incertidumbre y podría comprometer el derecho de la detenida a recibir atención médica adecuada, mientras señalan responsabilidades tanto del Ministerio de Salud como de las autoridades penitenciarias
La situación de salud de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López vuelve a generar preocupación. Según denunciaron voceros de COFAPPES que acompañan el caso, han transcurrido más de dos meses desde que se le practicó una biopsia y, hasta la fecha, su familia asegura que no ha recibido los resultados del examen ni una explicación oficial sobre su estado de salud.
Durante una entrevista, se afirmó que esta falta de información constituye un incumplimiento de las obligaciones del Estado, ya que las autoridades tendrían el deber de mantener informados a los familiares y garantizar el acceso al expediente médico de la persona detenida.
Los denunciantes sostienen que el Ministerio de Salud, como autoridad rectora del sistema sanitario, tampoco ha respondido a las solicitudes de información presentadas por la familia, lo que, según su planteamiento, incrementa la incertidumbre sobre la condición médica de Ruth López.
Además, recordaron que las Reglas Nelson Mandela, estándares internacionales para el tratamiento de las personas privadas de libertad, establecen que los centros penitenciarios deben contar con personal médico y de enfermería capacitado para atender este tipo de situaciones y garantizar una atención adecuada.
En ese contexto, señalaron que la responsabilidad no recaería únicamente en el sistema de salud, sino también en las autoridades penitenciarias encargadas del centro donde permanece detenida.
Quienes siguen el caso compararon esta situación con otros antecedentes de personas privadas de libertad que enfrentaron complicaciones de salud, insistiendo en que la incertidumbre prolongada constituye un trato que consideran incompatible con los estándares de protección de los derechos humanos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre los resultados de la biopsia mencionada en la denuncia ni han dado detalles sobre la evolución médica de Ruth López. El caso continúa generando cuestionamientos sobre el acceso a la información y la atención sanitaria de las personas bajo custodia del Estado.
