La eventual cancelación del TPS el 9 de septiembre no solo amenaza con el retorno de miles de salvadoreños: también podría abrir un agujero de hasta $1,000 millones anuales en remesas, según el cálculo presentado por el economista Juan José Ortiz. El dato adquiere mayor gravedad porque llega cuando las finanzas públicas enfrentan fuertes presiones y el Gobierno busca recursos del FMI. Ortiz advierte que el problema no es que el TPS vaya a “colapsar” una economía saludable: el golpe llegaría sobre una economía que ya arrastra serias dificultades y que tendría que absorber, además, el impacto de menos remesas y una mayor demanda de servicios públicos.
El dato que cambia la dimensión del problema
La eventual cancelación del TPS para unos 200,000 salvadoreños tendría un efecto que va mucho más allá del debate migratorio. Ortiz plantea un ejercicio sencillo: si cada uno enviara en promedio $400 mensuales a El Salvador, estaríamos hablando de unos $80 millones al mes. En doce meses, esa cifra alcanzaría aproximadamente $960 millones, es decir, cerca de $1,000 millones anuales.
Para dimensionar el impacto, Ortiz compara esa cantidad con el financiamiento que El Salvador necesita del Fondo Monetario Internacional para enfrentar sus problemas de finanzas públicas. Según su planteamiento, el dinero que podría dejar de ingresar por remesas representa una proporción enorme de ese financiamiento.
Y hay una advertencia fundamental: no se trata únicamente del dinero que dejaría de llegar a las familias. Las remesas también sostienen consumo, comercio, pequeños negocios y actividad económica en numerosos municipios del país.
El golpe llegaría sobre una economía ya debilitada
Ortiz rechaza la idea de que la eventual cancelación del TPS vaya a provocar por sí sola el colapso de la economía. Su argumento es más preocupante: la economía ya enfrenta dificultades importantes y el TPS podría agregarle una nueva presión.
El economista menciona varios factores que, desde su perspectiva, ya están afectando al país: bajo crecimiento económico, elevado endeudamiento, poca inversión extranjera, problemas del sistema de pensiones, pérdida de empleos públicos y dificultades en sectores productivos.
Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuánto dinero dejaría de circular por la reducción de remesas. La pregunta es qué capacidad tiene la economía salvadoreña para absorber ese nuevo golpe. Si cientos de miles de hogares reciben menos ingresos provenientes del exterior, el efecto puede trasladarse rápidamente al consumo y a la actividad comercial.
El segundo golpe: 200,000 personas que podrían regresar
Existe además otra dimensión que, según Ortiz, está siendo subestimada: el retorno de los salvadoreños beneficiarios del TPS. Si finalmente se materializa la cancelación el 9 de septiembre y una parte importante de los beneficiarios termina regresando, el país tendría que enfrentar una mayor demanda de servicios públicos. Salud, educación, vivienda, empleo y programas sociales serían algunos de los sectores sometidos a mayor presión.
La advertencia es especialmente fuerte porque el Estado ya enfrenta dificultades para atender las necesidades actuales. Si hoy existen problemas para conseguir medicamentos en hospitales, por ejemplo, ¿qué ocurriría si además cientos de miles de personas regresan y requieren atención?
El problema, entonces, tendría dos caras: menos remesas entrando al país y más demanda sobre los servicios públicos.
La advertencia de fondo: no confundir propaganda con realidad
El punto central de Ortiz es una advertencia contra cualquier intento de presentar la eventual cancelación del TPS como un problema menor o como un simple obstáculo temporal para una economía que estaría despegando.
Si la cancelación se concreta el 9 de septiembre, El Salvador podría enfrentar simultáneamente una reducción importante de remesas y una mayor presión sobre sus servicios públicos. Y existe un elemento adicional: las familias salvadoreñas podrían ser las primeras en sentir el impacto.
Menos remesas significa menos dinero para alimentación, vivienda, educación, salud y consumo. Por eso, el dato que deja Ortiz debería encender las alarmas: el verdadero riesgo no es que el TPS por sí solo destruya la economía, sino que retire hasta $1,000 millones anuales de una economía que ya llega debilitada a este posible golpe.