La directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, cuestionó que Nayib Bukele anuncie la posible liberación del 50 % de los detenidos por vínculos con pandillas, mientras familias de personas capturadas arbitrariamente siguen reclamando justicia. En entrevista con el comunicador Franklin Martínez, en #ViralesDeHoy, Escobar expuso las contradicciones del anuncio presidencial, el reconocimiento de detenciones injustas y las dudas legales sobre la evaluación de los expedientes.
La directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, cuestionó que el presidente Nayib Bukele plantee liberar al 50 % de los detenidos por supuestos vínculos con pandillas, mientras miles de familias continúan exigiendo la libertad de sus seres queridos, a quienes consideran víctimas de capturas arbitrarias.
En entrevista con el comunicador Franklin Martínez, en #ViralesDeHoy, Escobar subrayó una diferencia fundamental: las organizaciones de derechos humanos no han solicitado la liberación indiscriminada de colaboradores de pandillas, sino justicia para personas que consideran inocentes y cuyos casos deben revisarse individualmente.
Reconocimiento de detenciones injustas. Escobar recordó que Bukele afirmó haber liberado a 8,000 personas inocentes. Para la abogada, esa declaración evidencia la importancia de examinar las detenciones realizadas durante el régimen de excepción y determinar responsabilidades.
El impacto en las familias. La directora también destacó el caso de una niña que pidió públicamente al mandatario la liberación de su padre, Jorge Antonio Delgado Gómez. Su testimonio, señaló, refleja el sufrimiento de menores que crecen separados de sus familiares mientras esperan respuestas.
Dudas sobre la comisión evaluadora. Escobar cuestionó el fundamento jurídico de la comisión vinculada a la revisión de expedientes y advirtió que anunciar porcentajes generales de liberación no sustituye la evaluación individual de cada caso ni las competencias de las instituciones judiciales.
La abogada insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en cuántos detenidos saldrán de prisión, sino en garantizar justicia para los inocentes, esclarecer las detenciones arbitrarias y respetar el debido proceso.