es el principal que se vería afectado por posibles trabajos mineros en a zona
Mientras cientos de familias siguen bebiendo agua contaminada con arsénico porque no tienen otra opción, los casos de enfermedad renal continúan creciendo. La comunidad denuncia que la crisis ya no es una advertencia: es una emergencia de salud pública.
“TOMAMOS AGUA POR NECESIDAD, NO PORQUE SEA SEGURA”
En San Isidro, Cabañas, abrir un grifo ya no significa acceder a agua potable. Para cientos de familias significa enfrentarse a una decisión imposible: consumir agua contaminada o quedarse sin ella.
Estudios realizados en la zona han confirmado la presencia de arsénico en pozos y ríos, con concentraciones que superan entre cinco y hasta quince veces los niveles permitidos para consumo humano en algunos puntos evaluados. Investigaciones realizadas desde 2023 y nuevamente en 2025 detectaron concentraciones superiores al límite establecido por la normativa salvadoreña.
El problema es aún más dramático porque las comunidades aseguran que no existe una fuente alternativa de agua. Aunque conocen el riesgo, continúan distribuyéndola porque simplemente no tienen otra opción para abastecer a sus hogares.
Especialistas advierten que el arsénico no suele provocar una muerte inmediata. Su peligro está en que se acumula lentamente en el organismo durante años, dañando órganos vitales, especialmente los riñones, hasta provocar enfermedades crónicas que pueden terminar siendo mortales.
ENFERMOS RENALES, TRATAMIENTOS COSTOSOS Y UNA COMUNIDAD QUE CLAMA AUXILIO
La crisis ya tiene rostro humano. Habitantes de San Isidro denuncian que cada vez son más las personas que desarrollan enfermedad renal, muchas obligadas a someterse a tratamientos permanentes y a comprar medicamentos que representan un gasto imposible para familias de escasos recursos.
Según testimonios de líderes comunitarios y médicos que acompañan a la población, existen cientos de personas afectadas por enfermedad renal en la zona, mientras continúan consumiendo agua contaminada porque la infraestructura necesaria para garantizar agua segura aún no llega.
La comunidad ha impulsado proyectos para perforar un nuevo pozo y poner en funcionamiento sistemas de filtración, pero los recursos siguen siendo insuficientes y las soluciones definitivas no terminan de concretarse. Mientras tanto, el agua apenas se distribuye unas pocas horas a la semana para cientos de familias.
Los habitantes hacen un llamado urgente a las autoridades para que esta crisis deje de ser tratada como un problema local. Insisten en que se trata de una emergencia sanitaria que pone en riesgo la vida de comunidades enteras y que exige una respuesta inmediata para garantizar un derecho básico: acceso a agua segura y atención médica para quienes ya sufren las consecuencias.